Umberto Ranzini
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Quien promete recibir a todos debería explicar primero dónde vivirán los recién llegados, qué escuelas atenderán a sus hijos y de qué presupuesto saldrán los recursos que esa promesa exige. El aplauso humanitario cuesta poco durante una conferencia de prensa; las viviendas, los hospitales y los servicios públicos requieren algo más que buenas intenciones. Por eso defiendo una reducción firme del flujo migratorio irregular y una política de admisión acorde con la capacidad de cada país.
Me resulta difícil aceptar que exigir controles fronterizos constituya una falta moral, como si los ciudadanos debieran pedir perdón por reclamar que sus gobiernos sepan quién entra, por qué entra y con qué derecho permanece. Una democracia tiene obligaciones hacia quienes buscan protección, pero también hacia quienes sostienen sus instituciones y esperan que la ley tenga consecuencias. Ningún gobierno debería eludir esa responsabilidad mediante el recurso de llamar extremista a quien le exige cumplirla.
La discusión europea ofrece una pregunta que también corresponde a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto puede sostenerse una política migratoria que promete más de lo que sus instituciones pueden atender? Si la entrada irregular supera la capacidad de tramitar solicitudes, verificar identidades y ejecutar resoluciones, la promesa de acogida pierde credibilidad. Quien cumple los requisitos merece un procedimiento claro; quien carece de derecho a permanecer debe afrontar un retorno con garantías y una evaluación individual.
Especial reparo me merece quien abandona una sociedad arruinada por el socialismo y, apenas consigue residencia en una democracia, empieza a reclamar las mismas recetas que dejó atrás. Escapó de las colas, la censura y el salario miserable, pero conserva la devoción por el sistema que los produjo. Busca prosperidad donde existe propiedad privada y luego aplaude a quienes prometen abolirla. Tal contradicción merece una discusión pública, sin el chantaje sentimental que exige silencio por respeto al recién llegado.
El exilio cubano conoce esa paradoja porque haber salido de Cuba no equivale a haber roto con el castrismo. Hay quien rechaza su pobreza, pero disculpa su represión; quien desea cobrar en dólares, pero celebra al régimen que niega libertades a sus compatriotas. Otros conservan sus convicciones comunistas por voluntad propia. Su derecho a expresarlas no obliga a nadie a concederles razón, prestigio ni indulgencia, como tampoco su condición de emigrantes borra posibles responsabilidades por actos de persecución.
La integración exige algo más que un permiso de trabajo, pues quien solicita vivir en una democracia debe respetar el pluralismo, las elecciones, la libertad de prensa y el derecho del vecino a disentir. Distingo al socialista que defiende sus propuestas por medios democráticos del militante que pretende suprimir las elecciones y perseguir al adversario. Mi objeción alcanza a quien disfruta de unas libertades mientras trabaja para negárselas a los demás, cualquiera que sea su nacionalidad.
Ese mismo criterio debe regir frente a los movimientos que aspiran a sustituir la Constitución por una autoridad religiosa. La libertad de culto protege a los creyentes y merece una defensa sin excepciones; las amenazas, la coacción y los proyectos violentos requieren investigación y respuesta judicial. Ser musulmán no demuestra adhesión al extremismo, del mismo modo que proceder de un país comunista no demuestra lealtad a su régimen. Una política de seguridad seria examina conductas, vínculos y pruebas.
Si Estados Unidos deja sin resolver el problema de la inmigración irregular, corre el riesgo de acumular durante la próxima década conflictos administrativos, tensiones políticas y desconfianza hacia sus instituciones. Afirmar que ese proceso desembocará en una revolución islámica como la iraní de 1979 exigiría pruebas que esa comparación, por sí sola, no ofrece. Prefiero sostener una exigencia que pueda defender sin profecías. El Estado debe controlar sus fronteras, investigar amenazas concretas y proteger el orden constitucional antes de que su negligencia abra espacio a quienes desprecian las libertades.
Para ello hacen falta controles eficaces, cooperación con los países de origen y tránsito, procedimientos de asilo con recursos suficientes y persecución de las redes de tráfico. También debe responder el empresario que se aprovecha de trabajadores sin documentos y luego reclama orden frente a las cámaras. La contratación ilegal debilita cualquier política fronteriza si encuentra recompensa al otro lado.
Defiendo una inmigración más limitada, legal y sujeta a criterios públicos, con protección para quienes la necesitan y exigencias de integración que incluyan idioma, respeto a las leyes y aceptación de las libertades civiles. Quien llega puede someter sus ideas al debate y recibir la crítica que merezcan. Lo que debe encontrar es una sociedad capaz de defender sus instituciones y un gobierno dispuesto a fijar límites, explicar sus razones y hacerlos cumplir.
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