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Por Marcos Ubieta
Un ciudadano que debe solicitar tres permisos para reparar el techo de su casa puede acabar por confundir la libertad con el expediente que la administra. Conserva sus derechos, vota, protesta, consulta a un abogado, pero el agua sigue sobre los muebles mientras cada oficina certifica que la competencia corresponde a otra. Esa escena doméstica contiene una dificultad que las celebraciones del orden liberal suelen dejar fuera del salón. La defensa de las garantías pierde crédito si las instituciones fracasan en las tareas que justifican su existencia. Tampoco basta con despejar los trámites, pues una comunidad necesita razones para reconocerse y sostener sus obligaciones. La entrevista que sirve de punto de partida a estas reflexiones invita a examinar ambas carencias, la incapacidad de actuar y la debilidad de los vínculos que hacen posible una vida común.
Tras una victoria ideológica, la tentación de declarar clausurada la disputa resulta comprensible. El adversario ha perdido sus argumentos, sus monumentos y hasta el prestigio de sus consignas; parece razonable suponer que el porvenir se limitará a perfeccionar la fórmula vencedora. Sin embargo, demostrar la superioridad de un principio no equivale a asegurar su duración. La igualdad jurídica puede carecer de un rival moral convincente y sufrir, pese a ello, derrotas políticas. Los hombres no eligen sus lealtades mediante un concurso de definiciones. También pesan el agravio, la costumbre, la gratitud y el deseo de ocupar un lugar que otros reconozcan. Ninguna filosofía del progreso cancela esa mezcla.
A quien ha conocido la arbitrariedad le cuesta tomar a broma las garantías que otros consideran un estorbo. Un tribunal independiente, una prensa sin permiso del gobernante y la posibilidad de cambiar al poder sin recurrir a las armas poseen un valor que la rutina vuelve invisible. Pero sería una pobre defensa de tales conquistas exigir resignación frente a cualquier abuso que invoque su nombre. La corrupción de un procedimiento no queda absuelta por su genealogía democrática. El ciudadano tiene derecho a preguntar por qué una obra tarda años, quién responde por el gasto y qué recurso conserva frente a una administración que jamás dice que no, pero nunca termina de decir que sí.
El funcionario que exige una firma adicional puede alegar prudencia; el organismo que solicita otro estudio invocará el interés público. Cada decisión aislada acaso resulte defendible, mientras su suma paraliza una necesidad compartida. La dificultad nace de una distribución de responsabilidades que multiplica el veto y disuelve la obligación de resolver. Nadie desea cargar con el riesgo de una decisión y todos encuentran una norma que respalda la demora. Así, la legalidad deja de orientar la acción y ofrece refugio a la irresponsabilidad. El daño alcanza a la propia confianza democrática, porque una promesa de eficacia sin límites empieza a sonar atractiva a quienes ya no esperan nada de los límites sin eficacia.
La salida exige distinguir una garantía de una rutina administrativa. El derecho de defensa no equivale a repetir la misma solicitud en cuatro ventanillas; el control del gasto no obliga a esconder quién tomó una decisión. Reformar trámites requiere identificar qué protege cada norma, cuánto cuesta su cumplimiento y qué daño ocasionaría suprimirla. Hace falta una autoridad capaz de resolver, sometida a plazos, razones públicas y revisión. El poder sin controles amenaza la libertad; un control que impide todo ejercicio del poder también perjudica a quienes necesitan protección. La cuestión merece algo más serio que el duelo entre el entusiasmo del caudillo y la devoción del archivero.
Queda, además, ese ciudadano al que no le basta con vivir seguro porque desea sentirse necesario. La prosperidad puede aliviar sus carencias sin satisfacer su orgullo. Aspira a una prueba, a un sacrificio, a una causa que lo rescate del anonimato. Sería un error atribuir toda protesta a ese apetito, pues existen injusticias que reclaman respuesta y sufrimientos que no admiten la burla del espectador. Otra cosa ocurre si la causa importa menos que la posibilidad de exhibirse como combatiente. El adversario deja entonces de ser alguien con quien se disputa una decisión y pasa a justificar la propia existencia. Una sociedad que necesita enemigos para ofrecer dignidad a sus miembros lleva una guerra alojada en su idea del reconocimiento.
La comodidad del consumidor tampoco resuelve ese vacío. Elegir un automóvil o perfeccionar un equipo de música pertenece a la libertad privada y no exige una coartada heroica. El problema aparece si la comunidad solo sabe ofrecer consumo a quien busca respeto. Una vida digna admite deberes modestos, oficios bien hechos y lealtades sin espectáculo. Cuidar a un enfermo o sostener una biblioteca puede exigir más constancia que repetir una consigna. La política pierde una parte de su fiebre si el reconocimiento deja de depender del volumen de la indignación. Para lograrlo, el orden común necesita honrar servicios que el mercado remunera mal y la propaganda apenas sabe fotografiar.
Sobre el papel, la igualdad se formula con pocas palabras; en la conducta, reclama una disciplina que ningún artículo constitucional produce por decreto. Aceptar una derrota, respetar al disidente y limitar la ventaja propia supone hábitos que suelen aprenderse antes del primer voto. Las familias, las asociaciones y las tradiciones religiosas han aportado recursos a ese aprendizaje, sin poseer un monopolio de la virtud. Reconocer esa herencia no obliga a conceder el gobierno a una confesión. Sí exige admitir que las instituciones reciben una reserva moral cuya renovación no está asegurada. Una sociedad puede gastar durante años la confianza que otros formaron y descubrir tarde que su aparente abundancia tenía fecha de vencimiento.
Tampoco bastaría con restaurar una autoridad sagrada para zanjar el desacuerdo. Quien proclama una verdad última debe explicar qué lugar reserva al ciudadano que no la comparte. Si solo le ofrece obediencia, la unidad prometida descansa sobre una exclusión. Si admite su libertad de conciencia, ya acepta un límite que exige convivencia y disputa. La crítica al individualismo puede señalar una herida real sin justificar una tutela espiritual del Estado. A la inversa, la defensa del pluralismo no necesita fingir que toda convicción vale lo mismo. Se puede defender una idea del bien y reconocer que el poder público carece del derecho a imponer la fe que la sostiene.
El vecino reconoce su país también por el acento de una conversación, una canción o el recuerdo de una plaza. Tales vínculos no sustituyen a la ley, pero aportan cercanía a principios que, sin una experiencia compartida, corren el riesgo de parecer instrucciones para desconocidos. Una constitución establece derechos y competencias; no puede fabricar por sí sola el afecto hacia los demás. Ese afecto tampoco autoriza a exigir una ascendencia uniforme. La pertenencia cívica requiere una puerta de entrada para quien llega y acepta las obligaciones comunes. Sin esa posibilidad, la nación queda reducida a una herencia que sus titulares administran como una propiedad privada.
La inmigración obliga a precisar qué significa esa puerta. Una comunidad política puede regular el ingreso a su territorio y discutir la capacidad de sus escuelas, sus viviendas y sus servicios. Nada de ello demuestra que cada recién llegado amenace la libertad ni que un determinado volumen de entradas produzca por sí solo la desintegración social. La integración depende de condiciones concretas y del trato que recibe quien intenta participar. Aprender el idioma, respetar la ley y acceder al trabajo son exigencias razonables si las instituciones ofrecen vías reales para cumplirlas. Pedir adhesión mientras se perpetúa la condición de intruso constituye una contradicción que ningún discurso patriótico resuelve.
El debate se degrada si una parte presenta cualquier frontera como una ofensa y la otra usa cualquier diferencia como prueba de incompatibilidad. La deliberación democrática necesita cifras, capacidades y decisiones sujetas a examen; también necesita recordar que habla de personas. El derecho a fijar condiciones de ingreso no borra las obligaciones de trato humano. A su vez, la hospitalidad pierde apoyo si sus promotores eluden los costos que recaen sobre barrios y servicios concretos. Distribuir esos costos y explicar las decisiones ofrece una base de confianza más firme que la alternancia de la culpa y el miedo. La cohesión exige reciprocidad, no una ceremonia donde unos sermonean y otros reciben la factura.
Al muchacho que pregunta para qué sirve estudiar justicia se le podría responder con la historia del techo que sigue sin reparar. Tendrá que juzgar si la norma protege al vecino o encubre al funcionario, si el reclamo expresa una necesidad o persigue un privilegio, si una autoridad resuelve el problema o aprovecha la urgencia para librarse del control. Esas distinciones requieren algo más que destreza técnica. Una educación humanista conserva su utilidad porque enseña a interrogar los fines, reconocer contradicciones y resistir el prestigio de las palabras. No garantiza la sensatez, pero ofrece instrumentos para discutir con quien habla en nombre de la salvación.
Quizás la prueba más difícil llegue el día en que una comunidad deba corregir sus instituciones sin perder el respeto por aquello que las vuelve legítimas. Necesitará obras concluidas y derechos intactos, pero también ciudadanos que encuentren dignidad fuera de la obediencia al jefe o del aplauso de su facción. Nadie puede prometer una fórmula que cierre para siempre esa tarea. El techo debe repararse, el poder debe responder y el vecino debe conservar su voz incluso si resulta incómoda. Allí se decide una parte del destino de la libertad, lejos del estrado donde sus defensores proclaman la victoria mientras una gotera cae sobre el acta.
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