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Por Rene V. Mallorca
Ante una fotografía en la que un ministro conserva el uniforme, pero ha perdido el lugar cercano al jefe, el observador cubano suele buscar una noticia que el pie de foto no ofrece. Revisa otras imágenes, recuerda una ausencia, coteja el último discurso y pregunta a un conocido que asegura tener acceso a un conocido. Entre ese pequeño archivo y la conversación de sobremesa comienza una práctica de interpretación del poder que propongo examinar bajo el nombre de castrastología. Su objeto sería la relación entre lo que el régimen permite ver y las decisiones que mantiene fuera del alcance público, con atención al mando personal que los Castro ejercieron y a las formas que adquirió su transmisión.
La escena tiene antecedentes en la kremlinología, cuyos observadores acudían a la prensa soviética, al protocolo y a los cambios de personal para reconstruir disputas que no podían seguir a través de un debate abierto. El problema nacía de una diferencia entre la abundancia del mensaje oficial y la escasez de información sobre las decisiones. Había discursos, resoluciones y ceremonias en cantidades suficientes para llenar bibliotecas, pero faltaban documentos que permitieran conocer las discrepancias internas y sus efectos. La dificultad exige algo más que perspicacia. Una interpretación útil debe explicar qué relación existe entre el indicio que identifica y la conclusión que sostiene, además de aceptar los hechos que podrían refutarla.
En Cuba, donde el apellido del dirigente acabó por designar una época y un sistema de gobierno, esa tarea adquiere una dificultad adicional. Quien busca entender una destitución puede atribuirla a la voluntad de Fidel y cerrar la investigación antes de iniciarla. El nombre funciona entonces como una explicación que dispensa de buscar mecanismos, intermediarios y resistencias. Bajo una autoridad personal prolongada, el jefe necesita colaboradores capaces de ejecutar sus decisiones y organizaciones que seleccionen cuadros, distribuyan recursos y mantengan la obediencia. La castrastología tendría que estudiar esa dependencia recíproca sin diluir la responsabilidad del dirigente en una burocracia anónima ni atribuirle una presencia sobrenatural en cada oficina.
De la investigación de Franz Borkenau sobre la Internacional Comunista interesa aquí su atención a la relación entre las declaraciones doctrinales y las luchas por el control de las organizaciones. Una fórmula política puede conservar su vocabulario y cambiar de función cuando otro grupo se apropia de ella. Ese problema, que su historia de la Internacional permite seguir en distintos episodios, ofrece una pregunta fértil para el caso cubano. Habría que examinar cómo la apelación a la revolución, la unidad o la lealtad autoriza decisiones distintas y establece quién tiene derecho a formularlas. La semejanza del lenguaje no basta para demostrar una identidad entre los regímenes ni una dependencia automática respecto de Moscú. [1]
Baturo y Elkink, en The New Kremlinology, proponen estudiar la personalización del régimen ruso mediante redes de patronazgo, debilitamiento de reglas institucionales, presencia del dirigente en los medios y permanencia en el cargo. Trasladadas a Cuba, esas dimensiones pueden orientar preguntas, pero requieren otras pruebas y una cronología propia. El parentesco entre Fidel y Raúl, la experiencia guerrillera y el papel del Partido Comunista impiden reducir la comparación a una equivalencia entre dirigentes. Un método comparativo pierde valor cuando exporta sus respuestas antes de examinar el país al que llega. La castrastología puede tomar de ese libro un modo de preguntar sin asumir que Cuba deba reproducir sus conclusiones sobre Rusia. [2]
Si una investigación siguiera las carreras de funcionarios cubanos durante varias décadas, encontraría un material más útil que la colección de gestos aislados. Tendría que registrar los cargos anteriores, los ascensos y los relevos, con fechas que permitieran reconocer qué personas llegaron juntas a determinadas instituciones. El trabajo exigiría distinguir el vínculo probado de la afinidad que el investigador supone. Haber coincidido en una provincia no demuestra una relación de patronazgo; un origen regional común tampoco prueba la existencia de una facción. Esa cautela resulta necesaria para que la familiaridad con nombres y biografías no suplante el conocimiento de las decisiones.
Cuando un funcionario consigue cargos para colaboradores que luego lo acompañan a otras dependencias, la reiteración permite plantear una hipótesis sobre su capacidad de promoción. Para sostenerla habría que comparar esas trayectorias con las de otros cuadros, atender a las reglas de selección y buscar testimonios que aclaren el vínculo. La observación gana fuerza con la acumulación de pruebas independientes. Si el presunto protector sale del gobierno y todos sus supuestos clientes conservan sus puestos, la interpretación necesita una revisión. También es posible que esas personas dependieran de otra instancia o que su experiencia profesional explique la continuidad. El método debe reservar lugar para una respuesta menos espectacular que la intriga.
Una fotografía posee valor cuando forma parte de una secuencia conocida. La ausencia de un dirigente en una ceremonia a la que nunca asistía dice poco; su exclusión reiterada de actos que presidió durante años merece atención. Incluso en ese caso, la enfermedad, una misión oficial o un cambio de protocolo pueden explicar el hecho. Antes de anunciar una caída, habría que revisar la información disponible y mantener abierta la incertidumbre. La castrastología que se niega a corregir una predicción adquiere el mismo vicio que critica en la propaganda. Obliga a los hechos a rendir homenaje a una certeza anterior.
Al usar palabras como unidad o continuidad, el discurso oficial ofrece otro tipo de indicio. Importa conocer quién las pronuncia, ante qué público y en respuesta a qué situación. Una exhortación a la unidad puede expresar una rutina ceremonial, una discrepancia interna o el propósito de cerrar una discusión pública. El investigador no dispone de permiso para elegir la explicación que más le agrade. Necesita comparar el texto con discursos anteriores y con medidas posteriores. La relación entre una frase y una destitución puede ser reveladora, pero una coincidencia temporal, sin otras pruebas, deja pendiente la causa. El lenguaje abre una investigación cuando se lo trata con ese cuidado.
En Palabras a los intelectuales, pronunciado en junio de 1961, Fidel Castro situó la libertad de creación bajo la prioridad política de la revolución. La conocida delimitación entre lo admitido dentro de ella y lo rechazado contra ella obliga a preguntar por la autoridad encargada de fijar la frontera. La interpretación que sostengo es que esa facultad de clasificar posee un valor político mayor que el repertorio de temas autorizados. Quien determina qué obra pertenece al espacio revolucionario interviene en las condiciones de publicación y reconocimiento. El discurso proporciona un punto de partida documental para estudiar esa facultad, pero cada caso posterior de exclusión necesita sus propias pruebas. [3]
Un escritor al que se le retira una invitación puede sufrir una sanción política, una disputa personal o una decisión editorial. El análisis requiere reconstruir el episodio antes de atribuirlo a una orden superior. Si varias instituciones dejan de invitarlo después de una acusación pública, la concurrencia de decisiones merece examen. Habría que buscar correspondencia, declaraciones y testimonios de los responsables, además de escuchar al afectado. La investigación cultural puede así mostrar cómo circula una prohibición, quién la comunica y quién la amplía por precaución. Ese último gesto resulta importante, pues la obediencia también puede producir medidas que el centro no ha pedido de forma expresa.
Donde una institución premia la fidelidad, sus miembros pueden aprender a anticipar el juicio que esperan de la dirección. Un editor elimina un pasaje, un profesor renuncia a un tema o un funcionario evita una propuesta sin que exista una orden escrita para cada decisión. Esas conductas deben documentarse mediante experiencias concretas, no deducirse de una descripción general del régimen. Su estudio permitiría reconocer cómo la autoridad personal se prolonga a través de hábitos profesionales. El mando alcanza cierta eficacia cuando consigue que un subordinado considere propio el límite que otro le impuso, hasta el punto de defenderlo ante sus colegas.
Al atribuir al dirigente la facultad de reconocer al revolucionario auténtico, la organización puede hacer depender una carrera del juicio sobre la conducta moral de su titular. La competencia técnica sigue presente, pero comparte terreno con la lealtad y con la interpretación del pasado. Una caída deja entonces de aparecer como un conflicto entre criterios de gobierno y se presenta bajo el signo de la ambición o la falta de virtud. El lenguaje moral merece un examen particular, pues permite desautorizar a una persona sin exponer el desacuerdo concreto que tuvo con otros dirigentes. La acusación pública puede cerrar el espacio donde habría debido comenzar la explicación.
La salida de Carlos Lage y Felipe Pérez Roque del gobierno en marzo de 2009 ofrece un episodio de ese tipo. Fidel Castro vinculó a los dos funcionarios afectados con ambiciones y una conducta indigna, en una alusión que la prensa identificó con ellos. Su intervención sostuvo el relevo y le dio una justificación moral. Ese hecho permite estudiar la función de su autoridad después de abandonar la presidencia, pero no revela por sí solo el conjunto de motivos de la decisión. El contenido de las disputas internas debe quedar abierto a otras pruebas. La acusación de un dirigente es un documento sobre su posición, no una sentencia que el investigador deba adoptar. [4]
Ante un episodio semejante, la tentación consiste en completar los espacios vacíos con un relato en el que cada protagonista ocupa el papel previsto. Unos serían reformistas por su edad, otros conservadores por su uniforme y el jefe resolvería el conflicto desde una habitación apartada. Las categorías pueden resultar cómodas y carecer de fundamento. La juventud de un cuadro no prueba su inclinación al pluralismo, del mismo modo que la formación militar no determina todas sus preferencias. Para atribuir un programa a un grupo hacen falta propuestas, actuaciones y vínculos que permitan reconocerlo. De otro modo, el observador escribe una novela de palacio y la presenta como historia política.
La proclama del 31 de julio de 2006 ofrece una base distinta. Fidel Castro anunció una delegación provisional de sus principales funciones en Raúl y distribuyó otras responsabilidades entre varios dirigentes. El documento permite conocer qué continuidad buscaba organizar ante su enfermedad. Nada autoriza a deducir del texto cada conversación previa ni la aceptación íntima de todos sus destinatarios. Su interés reside en hacer pública una selección de personas y tareas para un momento de incertidumbre. Al comparar esa distribución con los cambios posteriores, la investigación puede establecer qué disposiciones perduraron y cuáles quedaron atrás, sin atribuir al anuncio una capacidad de prever todo el proceso. [5]
En ese episodio, el vínculo familiar coincidía con una trayectoria política y militar que daba a Raúl una posición propia dentro del régimen. La sucesión entre hermanos admite un examen del parentesco, pero no queda explicada por él. Habría que determinar qué recursos de mando y qué relaciones institucionales hicieron viable la transferencia. Llamarla dinástica puede expresar una crítica al carácter cerrado de la selección; usar esa palabra como explicación completa dejaría sin estudiar el trabajo de las organizaciones que la sostuvieron. Una castrastología atenta debe preguntar cómo se hizo posible la continuidad y qué diferencias introdujo el sucesor en los modos de gobierno.
Desde esa perspectiva, las instituciones dejan de ser simples decorados. Un partido puede seleccionar personal, mantener expedientes y establecer procedimientos sin admitir una competencia que ponga en riesgo su monopolio político. La existencia de reglas merece atención incluso cuando esas reglas sirven a un sistema autoritario. Su importancia se comprueba en la capacidad que tienen para limitar decisiones, tramitar conflictos o asegurar relevos. El investigador tendría que averiguar cuándo el dirigente respeta un procedimiento, cuándo lo altera y qué consecuencias recibe una persona que lo invoca contra una decisión superior. Solo así puede precisar la relación entre el cargo y la voluntad del titular.
La Constitución de 2019 reconoce al Partido Comunista como único y le atribuye la dirección superior de la sociedad y del Estado. Al incorporar la filiación fidelista a su definición, el artículo 5 ofrece un dato que interesa a la castrastología. La referencia al fundador forma parte del lenguaje jurídico que identifica a la organización. Mi lectura es que esa inscripción favorece la continuidad simbólica entre el mando anterior y las instituciones posteriores. El texto no prueba quién controla cada decisión ni autoriza a describir las relaciones internas del partido. Sí permite examinar cómo una herencia política se presenta como fundamento del orden que debe administrarla. [6]
Cuando Díaz-Canel asumió la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros en abril de 2018, declaró fidelidad al legado de Fidel y Raúl y afirmó que este último, al frente del partido, encabezaría las decisiones de mayor trascendencia. Su discurso expuso una relación entre el nuevo cargo y la autoridad que conservaba el dirigente anterior. El documento tiene valor para estudiar cómo se presentó la sucesión ante el público. Una conclusión sobre la distribución efectiva del poder necesita, además, examinar decisiones, nombramientos y responsabilidades. La declaración de continuidad debe contrastarse con el gobierno que la sigue, en vez de tratarse como una descripción suficiente de él. [7]
La elección de Díaz-Canel como primer secretario del partido en abril de 2021 modificó esa distribución formal de cargos. Este cambio ofrece una fecha a partir de la cual buscar otros indicios, sin que el ascenso resuelva por sí solo el problema de la autonomía del sucesor. La castrastología tendría que seguir las decisiones que adoptó, las personas que promovió y las reglas que consiguió mantener o alterar. Un régimen puede conservar símbolos anteriores y cambiar ciertos mecanismos de mando. También puede renovar sus rostros y preservar las relaciones decisivas. Distinguir ambos procesos exige una investigación que no declare de antemano la insignificancia de todo relevo. [8]
Tras la muerte de un fundador, sus palabras quedan disponibles para la interpretación de los herederos. Cada invocación al legado merece un examen del pasaje elegido y del uso que recibe. Dos dirigentes podrían acudir a momentos distintos de una misma trayectoria para justificar medidas que parecen opuestas. En ese caso, el archivo ayuda a reconocer la selección y el desplazamiento del sentido. La autoridad del pasado depende entonces de quienes tienen acceso a las tribunas y de las instituciones que sancionan la lectura aceptada. Estudiar esa mediación permite salir de la idea de un muerto que gobierna por sí mismo y reconocer las responsabilidades de los vivos.
En la promesa de continuidad que acompaña la sucesión cubana aparece, a mi juicio, una dificultad que el mero cambio de nombres no resuelve. El sucesor recibe el encargo de administrar una obra cuya legitimidad procede de sus fundadores, de modo que debe justificar sus decisiones ante una historia que se presenta como ejemplar. Si reconoce un error, necesita delimitarlo para que la rectificación no cuestione el título que le permite gobernar. Si invoca al fundador para evitar el examen, prolonga ese problema en el tiempo. La castrastología encuentra aquí un conflicto entre la necesidad de corregir y la obligación política de conservar la autoridad del origen.
El calificativo de sagrado, que Díaz-Canel aplicó a la unidad en su discurso de 2018, permite reconocer esa elevación de una virtud política por encima del desacuerdo. Mi interpretación del término se refiere a su uso en el discurso, sin atribuir una creencia religiosa al orador. Cuando la unidad adquiere ese rango, una discrepancia corre el riesgo de aparecer como una falta contra la comunidad antes de recibir respuesta sobre su contenido. La crítica del gobierno puede quedar desplazada hacia un juicio sobre la pertenencia nacional del crítico. Para el caso cubano, la castrastología tendría que examinar esa pretensión de identificar la conservación del régimen con la fidelidad a la nación. [7]
Una periodización útil distinguiría el mando directo del fundador, la transferencia a un sucesor con experiencia propia y la administración posterior del legado por cuadros que no participaron en la lucha de origen. Se trata de una hipótesis para ordenar preguntas, con fronteras que deberán precisarse en cada asunto. La política cultural puede conservar prácticas que ya cambiaron en la administración, y una reforma del gobierno puede dejar intacto el modo de seleccionar dirigentes partidistas. Las etapas no avanzan al mismo paso en todas las instituciones. Reconocer esa desigualdad evita que el apellido Castro cubra varias décadas con una inmovilidad que el análisis nunca se ha tomado el trabajo de demostrar.
Al salir del despacho y observar la distribución de recursos, la investigación encuentra condiciones que el estudio de los discursos puede pasar por alto. Habría que conocer qué organismos autorizan inversiones, qué empresas controlan ingresos y qué funcionarios deciden el acceso a bienes escasos. Para sostener una afirmación sobre esos vínculos se necesitan cuentas, normas, registros y testimonios contrastados. La presencia de un militar en una empresa constituye un dato sobre su dirección; no demuestra que todas sus decisiones procedan de una misma cadena de mando. El examen de los recursos permitiría precisar qué capacidad material acompaña a una autoridad que el protocolo presenta bajo otra forma.
En la vida cotidiana, un permiso o un favor pueden producir obediencias que no requieren entusiasmo político. Si una familia teme perder una oportunidad laboral o necesita la intervención de un funcionario, su conducta pública puede expresar dependencia y cautela. De esa posibilidad no se sigue que todas las adhesiones sean fingidas. Existen convicciones y memorias que el investigador debe escuchar sin confundirlas con el discurso del Estado. Una historia del consentimiento exige distinguir la fe, el cálculo y la coacción en experiencias concretas. Reducir a todos los ciudadanos a figurantes del miedo impide entender la diversidad de respuestas con las que una sociedad afronta el poder.
Ante un acto de protesta, esa diversidad vuelve insuficiente una lectura que solo busque conflictos entre dirigentes. La iniciativa puede nacer fuera de las redes oficiales y responder a condiciones que el observador del palacio no había considerado. Para entenderla necesita atender a las demandas, las relaciones locales y los relatos de los participantes. La sociedad posee tiempos y decisiones propios, incluso bajo una autoridad que pretende hablar en su nombre. Una castrastología que reduce todo acontecimiento a una orden o una maniobra del gobierno concede a este una eficacia que acaso no tiene y despoja a los ciudadanos de la capacidad que intenta defender.
Desde el exilio, donde la información sobre el régimen puede llegar mezclada con pérdidas familiares y expectativas de cambio, la interpretación carga con una exigencia afectiva. Una destitución parece anunciar la ruptura esperada, una ausencia del jefe promete el final y un discurso confuso adquiere el valor de una confesión. Esas lecturas deben examinarse caso por caso. El deseo de libertad no constituye un defecto del observador, pero puede inducirlo a confundir la posibilidad con la certeza. Registrar las predicciones fallidas sería una forma de respeto hacia quienes han organizado su esperanza alrededor de ellas. La paciencia documental no obliga a renunciar al juicio político.
También necesita examen la categoría de fuente cercana al poder. La proximidad de una persona a un despacho puede darle acceso a ciertos hechos y cerrarle otros, además de proporcionarle motivos para alterar su relato. Un funcionario conoce su departamento y quizá repita rumores sobre el vecino. Un antiguo colaborador recuerda una conversación, pero puede reinterpretarla bajo el efecto de su ruptura. La investigación debe precisar cuándo obtuvo la información, qué vio por sí mismo y qué parte recibió de otro. Preservar la identidad de una fuente, cuando resulta necesario, no libera al investigador de buscar corroboración ni lo autoriza a presentar su confianza personal como prueba pública.
Para que la castrastología merezca el esfuerzo que exige, tendría que conservar un registro de sus errores junto al de sus hallazgos. Una hipótesis sobre una facción debería indicar qué nombramientos la sostienen y qué acontecimientos obligarían a abandonarla. Una afirmación sobre el poder del partido debería explicar cómo se distingue de la influencia del ejército o de un dirigente particular. En ausencia de esas condiciones, cualquier desenlace encontrará acomodo en el relato. El ascenso confirmará la astucia del jefe y la caída confirmará su crueldad, con la ventaja de que el intérprete nunca tendrá que admitir que ignoraba lo ocurrido.
En la disputa con la propaganda, el conocimiento pierde su independencia si imita la certeza del adversario. Un régimen puede negar la existencia de desacuerdos y un opositor puede imaginar que cada decisión confirma una conspiración. Las dos operaciones cancelan la pregunta antes de escuchar las pruebas. El ensayo político tiene derecho a juzgar la concentración del poder y sus efectos sobre la libertad, pero ese juicio gana fuerza cuando se hace responsable de los hechos que invoca. Una acusación sin fundamento ofrece al acusado una salida fácil y deja al lector sin medios para distinguir lo verdadero de lo que solo expresa una hostilidad compartida.
La castrastología que aquí propongo conservaría el nombre del poder que estudia y se negaría a usarlo como respuesta universal. Buscaría quién decide, con qué recursos y a través de qué personas; examinaría las declaraciones a la luz de sus efectos y reconocería las iniciativas que nacen fuera del régimen. Al cabo de esa investigación, una fotografía podría mostrar el indicio de una caída o el cambio trivial de un protocolo. Aceptar esa diferencia requiere menos dramatismo y más trabajo. Para una sociedad a la que tantas veces se le ha pedido creer antes de preguntar, establecer qué se sabe y qué permanece sin prueba ya constituye una restitución del derecho a pensar por cuenta propia.
Referencias
[1] Franz Borkenau. World Communism. A History of the Communist International. University of Michigan Press, 1962. Edición digital completa. Consultar fuente
[2] Alexander Baturo y Johan A. Elkink. The New Kremlinology. Understanding Regime Personalization in Russia. Oxford University Press, 2021. Ficha editorial y presentación del planteamiento comparativo. Consultar fuente
[3] Fidel Castro. Palabras a los intelectuales, 30 de junio de 1961. Transcripción en traducción inglesa del folleto del Consejo Nacional de Cultura, reproducida por Columbia University. Consultar fuente
[4] Mauricio Vicent. «Fidel Castro acusa de “indignos” a dos de los destituidos en el cambio de Gobierno». El País, 3 de marzo de 2009. Información sobre la salida de Lage y Pérez Roque y la intervención pública de Fidel Castro. Consultar fuente
[5] Fidel Castro. Proclama al pueblo de Cuba, 31 de julio de 2006. Reproducción del documento en Archivo Chile. Consultar fuente
[6] Constitución de la República de Cuba de 2019, artículo 5. Texto reproducido por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Consultar fuente
[7] Miguel Díaz-Canel. Discurso del 19 de abril de 2018 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Versión taquigráfica publicada por Granma el 20 de abril de 2018. Consultar fuente
[8] Granma. «Elegido Miguel Díaz-Canel Bermúdez como Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba». Información fechada el 19 de abril de 2021. Consultar fuente
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