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PPor: HANNES STEIN
Por CONSEJO EDITORIAL
Una visita a The Villages, extensa comunidad residencial situada en Florida y concebida principalmente para jubilados, permite observar algunos rasgos del envejecimiento de la sociedad estadounidense. Sus viviendas, áreas recreativas, campos de golf y espacios destinados a diversas actividades físicas ofrecen una imagen de prosperidad y estabilidad. Al mismo tiempo, la composición demográfica y las preferencias políticas de buena parte de sus residentes han hecho de este lugar un ejemplo recurrente en los debates sobre la influencia de las generaciones mayores en la vida pública del país.
La edad avanzada de numerosos dirigentes estadounidenses ha contribuido a que ese debate adquiera mayor visibilidad. Tanto el Congreso como otras instituciones federales cuentan con funcionarios que han permanecido durante décadas en sus cargos, una situación presente en los dos partidos principales. El caso de la senadora Dianne Feinstein, quien continuó ejerciendo sus funciones pese al deterioro de su salud durante los últimos meses de su mandato, reabrió la discusión acerca de la capacidad, la permanencia y los mecanismos de relevo en las instituciones políticas.
El propio término Senado procede del latín senex, que significa anciano, y remite a una tradición histórica en la cual la edad se asociaba con la experiencia necesaria para intervenir en los asuntos públicos. Sin embargo, en una sociedad cuya expectativa de vida ha aumentado considerablemente, la ausencia de límites de edad o de mandato plantea una cuestión distinta. No se trata únicamente de valorar la experiencia acumulada, sino de determinar hasta qué punto una representación política envejecida refleja la diversidad generacional de la población.
La participación electoral también presenta diferencias entre los grupos de edad. Los ciudadanos jóvenes suelen cambiar de residencia con mayor frecuencia y pueden enfrentar dificultades para actualizar su inscripción electoral. A esto se añade que las elecciones federales se celebran un martes laborable, circunstancia que puede afectar de manera desigual a quienes estudian o trabajan con horarios poco flexibles. Los jubilados, por disponer generalmente de mayor tiempo, encuentran menos obstáculos prácticos para acudir a las urnas. Como resultado, los votantes de más edad suelen participar en proporciones superiores, especialmente durante las elecciones primarias.
Esa diferencia de participación influye en las prioridades políticas. Asuntos que afectan de manera particular a las generaciones jóvenes, entre ellos el cambio climático, el acceso a la educación, el costo de la vivienda y la violencia armada, compiten con las preocupaciones de un electorado de mayor edad, centradas con frecuencia en la seguridad económica, la atención médica, los impuestos y la estabilidad institucional. Presentar esta divergencia como una oposición absoluta sería simplificador, pues dentro de cada generación existen posiciones muy diversas. No obstante, la desigual participación electoral concede un peso mayor a determinados intereses.
La dimensión económica resulta igualmente importante. Durante las últimas décadas, una parte considerable de la riqueza estadounidense se ha concentrado entre personas de edad avanzada, muchas de las cuales adquirieron viviendas cuando los precios eran más accesibles y se beneficiaron de prolongados ciclos de crecimiento del valor inmobiliario. Las generaciones jóvenes, en cambio, afrontan costos elevados de vivienda, endeudamiento estudiantil y empleos menos estables. La brecha no depende exclusivamente de la edad, ya que las diferencias de clase, raza, educación y lugar de residencia siguen siendo decisivas, pero el componente generacional ayuda a explicar la distribución actual de los activos.
El aumento de la participación laboral de personas mayores de 65 años admite varias interpretaciones. Algunos continúan trabajando por interés profesional o por el deseo de mantener una vida activa; otros lo hacen por necesidad económica, debido a pensiones insuficientes, gastos médicos o falta de ahorros. Por ello, atribuir su permanencia en el mercado laboral a una simple resistencia a retirarse dejaría fuera condiciones materiales que varían considerablemente de un individuo a otro.
En su libro Gerontocracy in America, Samuel Moyn, profesor de Historia y Derecho en la Universidad de Yale, reúne estas tendencias y sostiene que Estados Unidos ha desarrollado una concentración desproporcionada de poder político y económico entre sus ciudadanos de mayor edad. Su argumento no se limita a señalar el envejecimiento natural de la población. Intenta mostrar que las instituciones, las normas electorales y la distribución de la riqueza favorecen la continuidad de esa influencia y dificultan el relevo generacional.
Moyn cuestiona asimismo la idea de que la edad garantice por sí sola prudencia, tolerancia o sabiduría política. Para respaldar esta observación recurre a Aristóteles, cuya descripción de la vejez subrayaba también el temor, el resentimiento y el apego a lo adquirido. La referencia cumple una función polémica, aunque no debería entenderse como una caracterización universal de las personas mayores. La conducta política no puede deducirse únicamente de la edad, pero sí cabe examinar los efectos de una estructura de poder que limita la presencia de generaciones más jóvenes.
Entre las soluciones discutidas por Moyn aparecen reformas de considerable alcance. Propone reconsiderar la composición y las atribuciones del Senado, establecer mecanismos de jubilación obligatoria para ciertos cargos públicos y ampliar la representación política de los jóvenes. Algunas formulaciones incluyen concederles más peso electoral, bajo el argumento de que las decisiones actuales afectarán durante más tiempo a quienes tienen mayor expectativa de vida y también a las generaciones que todavía no pueden votar.
Estas propuestas suscitan objeciones jurídicas y democráticas. Restringir el voto por razón de edad entraría en tensión con el principio de igualdad política y abriría un precedente difícil de justificar. La abolición del Senado, por su parte, exigiría cambios constitucionales de enorme complejidad, mientras que la jubilación obligatoria debería distinguir entre la protección frente a la discriminación por edad y la necesidad de garantizar la capacidad funcional de quienes ocupan responsabilidades públicas. Las reformas destinadas a corregir una desigualdad generacional podrían producir otras formas de exclusión si no se diseñan con cautela.
El planteamiento social del libro se resume en una fórmula que Moyn presenta como un intercambio entre protección y redistribución. Una atención digna y una seguridad económica garantizada para las personas mayores permitirían, según su razonamiento, reducir la necesidad de prolongar indefinidamente la vida laboral y facilitar la transferencia de oportunidades, empleos y recursos hacia generaciones más jóvenes. Esta propuesta se relaciona con tradiciones igualitarias y con antiguas discusiones acerca de una sociedad menos subordinada al trabajo, aunque su aplicación dependería de reformas fiscales y sociales difíciles de consensuar.
La principal limitación del argumento reside en tratar a los mayores como un grupo demasiado homogéneo. No todos poseen viviendas, patrimonio o influencia política. Muchos sobreviven con ingresos modestos, dependen de programas públicos y continúan trabajando por necesidad. Una política generacional que no reconozca estas diferencias podría perjudicar precisamente a quienes disponen de menos recursos, mientras deja intacta la posición de los sectores más ricos.
Por tanto, en reunir fenómenos que suelen estudiarse por separado. El envejecimiento de los dirigentes, la participación electoral desigual, la concentración patrimonial y las dificultades económicas de los jóvenes forman parte de una misma discusión sobre representación y justicia entre generaciones. Aunque varias de las soluciones propuestas resulten polémicas o poco viables, el problema que señalan merece consideración. Una democracia necesita aprovechar la experiencia de sus ciudadanos mayores sin cerrar los espacios de decisión, movilidad y renovación que corresponden a quienes deberán vivir durante más tiempo con las consecuencias de las políticas presentes.
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